DERECHO MEDIOAMBIENTAL

El abanico de competencia que el Bufete proporciona a las empresas se orienta hacia soluciones de derecho medioambiental, concebido bajo el perfil de la gestión de las dinámicas relacionadas con los residuos, emisiones y todas las consecuencias del ejercicio de la actividad industrial, en relación también con el sector de las construcciones y urbanística.

 

En la rama del derecho medioambiental, el Bufete se ocupa de los intereses tanto de la clientela privada como de los entes públicos proporcionando los siguientes servicios:

  • dictámenes sobre la normativa medioambiental conforme al Decreto Legislativo n. 152/2006;
  • asistencia y defensa en los contenciosos administrativos ante el Tribunal Administrativo Regional y el Consejo de Estado relativos a los problemas de distinción entre los conceptos de “residuo” y “materia prima secundaria”, así como las anomalías relacionadas con las concesiones de autorizaciones para el ejercicio de las actividades en el ámbito de los residuos, o sea en los casos de abstención, denegación o revocación de las mismas;
  • asistencia en las impugnaciones de la policía provincial y de la Agencia Regional para la Prevención y el Medioambiente (ARPA) con especial atención al fenómeno de la superación de los umbrales de contaminación (concentraciones umbrales de contaminación, CSC y concentraciones umbrales de riesgo, CSR); 
  • asistencia en los procedimientos penales relacionados con la impugnación de delitos medioambientales;
  • asistencia en los procedimientos cautelares relativos a medidas reales que el Ministerio Fiscal pueda solicitar (impugnación de secuestros probatorios y preventivos);
  • asistencia y defensa en los procedimientos jurisdiccionales administrativos, también en los grados de juicio superiores, en materia de construcciones y urbanística, ofreciendo protección a las antiguas sociedades de propiedad municipal y a las sociedades de capital mixto. En este sector, el Bufete ha ido desarrollando su competencia en materia de las denominadas “adquisiciones verdes” realizadas por las Administraciones Públicas para promover y desarrollar un mercado de productos y servicios que tengan un impacto ambiental limitado.